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Parametría en Medios
Informar para qué
21/Ago/2010
Por: Eje Central. Luis M. Cruz
1. La ruta del IV Informe.
El artículo 69 constitucional dispone la obligación del Presidente de la República de enviar un informe por escrito sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal.
En esta disposición, el fraseo fue cuidadosamente establecido al calor de los dilemas del 2006. En esa ocasión, en el extremo de la confrontación entre el presidente Fox y el Congreso, el primero no pudo entrar al recinto para participar en la apertura de sesiones no obstante que el palacio de San Lázaro se encontraba prácticamente sitiado por el ejército. Luego, la ceremonia de transmisión del mando presidencial, que debiera realizarse también con la presencia de los presidentes entrante y saliente, se efectuó en un ambiente de tensión y zozobra al grado que posteriormente, la diputada Ruth Zavaleta revelaría que algunos diputados radicalizados habían introducido bombas molotov al recinto de San Lázaro, con lo que la ceremonia de investidura estuvo más cerca que nunca de una ruptura con consecuencias potencialmente trágicas.
De ahí que, en el marco de los diálogos para la reforma del Estado convocados por el Congreso mediante una ley al respecto, uno de los puntos para destensar la situación y encauzar un amplio movimiento de protesta en el marco del derecho y las instituciones ?involucraba las calles de la ciudad de México tomadas y un tercio del electorado que no le reconocía legitimidad al presidente electo?fue la transformación de las reglas mediante las cuales el Ejecutivo Federal rinde cuentas al Congreso.
Si la obligación de acudir al Congreso año con año se había convertido ya en una celada para el presidente de la República, se requería reducir el riesgo y establecer una ruta que no implicara la obligatoriedad de estar en un lugar y momento determinados por la ley, pero sí cumplir con el deber de informar y rendir cuentas. Tan solo la palabra ?enviar? en vez de ?asistir? implicó un largo debate en la Cenca. En realidad, era necesario evitar que la presencia del Ejecutivo en el recinto legislativo se transformara en una ocasión para un golpe de mano o la degradación al absurdo de la relación entre los poderes. De ahí el cambio que se suscitó y, en una solución intermedia, se transitó de una ceremonia pensada para el lucimiento presidencial, a una institución de rendición de cuentas a partir de la entrega del texto por escrito, el análisis del mismo en las Cámaras del Congreso, la formulación de preguntas parlamentarias por escrito y la citación, bajo protesta de decir verdad, a los altos funcionarios de la administración pública con excepción del Presidente de la República, pero con la posibilidad de invitarle al recinto si el Congreso o una de las Cámaras así lo acordara.
Es obvio, se trata de procedimientos novedosos en nuestro país, si bien bastante comunes en otras democracias. En Estados Unidos, el Presidente acude a rendir el informe sobre el estado que guarda la Unión, pero todos los secretarios y titulares de agencia por imperio de la ley respectiva, se someten a escrutinio y evaluación de manera regular y calendarizada ante las comisiones congresionales. La rendición de cuentas es en caliente, durante el ejercicio presupuestal. En democracias parlamentarias como Gran Bretaña o España, existen preguntas parlamentarias y sesiones de control una vez por semana, en las cuales se agendan los temas que le interesan al gobierno o aquellos que fueron del interés de las bancadas y se debaten y toman acuerdos frente a frente.
Ahora, tras la reforma del Estado y una nueva correlación entre las fuerzas políticas, es posible inaugurar un nuevo ciclo en la rendición de cuentas en nuestro país. La Constitución lo permite y, si los grupos parlamentarios en las Cámaras lo acuerdan, en una ceremonia estrictamente republicana, el Congreso o una de las Cámaras podría invitar al Presidente de la República a asistir a la apertura del periodo ordinario y, posteriormente o en esa misma sesión, emitir un mensaje y responder las preguntas parlamentarias o interpelaciones que le fueren formuladas con decoro y respeto.
Tal cosa en principio sería un pequeño paso para la relación entre los poderes pero un salto gigantesco para la democracia mexicana. De cuajar, estaríamos inaugurando una relación más balanceada entre los poderes, con la posibilidad de que pudieran hablar entre sí institucionalmente, frente a frente y sin rupturas. Lo contrario a esto es lo que sucede actualmente, en donde los poderes no se pueden hablar e interactuar directamente, sino sólo a partir de monólogos e invocaciones en los medios de comunicación.
2. ¿Qué podría informar el Ejecutivo Federal?
El informe presidencial debiera ser un documento mucho más allá de una oportunidad mediática o un simple sumario de acciones realizadas. Para los ciudadanos, representa quizá la única oportunidad que tienen de conocer de primera mano qué han hecho los gobernantes con los recursos que el pueblo ha puesto en sus manos. Son recursos de la Nación, de los impuestos que pagamos, y que, al no existir instituciones reales de rendición de cuentas, los gobernantes en México los ejercen como si fueran parte de su patrimonio.
Sin rendición de cuentas, sin transparencia, sin participación ciudadana, sin diálogo y construcción de acuerdos, los gobernantes actúan de manera paternal, como otorgando dádivas y perdonando vidas. La opacidad y la discrecionalidad son la principal fuente del autoritarismo y por ello, la gran desilusión que en nuestro país ha traído la alternancia política, que pareciera sólo haber cambiado a unos corruptos por otros.
En materia de resultados, tras diez años de alternancia, el país pareciera haber perdido otra década en su desarrollo. El retroceso en todos los índices es notable, el sexenio actual apunta a ser uno de crecimiento cero, si se toma en cuenta que el repunte actual no habrá de compensar la profunda caída de la recesión global del año pasado; la generación de empleos si acaso habrá de alcanzar al término de 2011, las cifras que tenía en 2006, con lo que habrá continuado la expulsión de jóvenes mexicanos hacia los Estados Unidos mediante la migración por causas económicas que los impele más allá del Río Bravo o hacia el desempleo y en muchas ocasiones pasan a nutrir las filas de la delincuencia por causas sociales.
La pobreza ha alcanzado otra vez a amplios sectores de las clases medias. El número de pobres en México, según las cifras del Coneval, aumentó en cinco millones en el último año y por los efectos supervinientes de la recesión, esto es, el tiempo en que se tarda en recobrar el vigor tan sólo a la situación que se tenía anteriormente, habrá de significar ocho millones más en situación de pobreza extrema, pasando en total de 14.5 millones de pobres extremos, a 23 millones al final del sexenio.
En materia de seguridad pública, en las vísperas del Informe se superó la cifra de los 28 mil muertos, conforme a los datos del Cisen y ésta se incrementa vertiginosamente. En la guerra de Irak, los Estados Unidos registraron al día de ayer, 4 mil 700 bajas, si bien las estimaciones en el bando contrario superan los 100 mil caídos. Se trata de una guerra convencional que ha durado nueve años. De continuar la tendencia actual, en nuestro país pareciera que al concluir el sexenio habrá de superarse la friolera de los 50 mil muertos en una guerra que, como la de Irak, simplemente no puede ganarse por las fronteras abiertas y el abastecimiento a los contendientes desde el exterior. En el caso irakí, los combatientes insurgentes se abastecen de armas en Irán, China, Rusia o Siria, a través de las porosas fronteras y el lavado de dinero. En México, estando el principal mercado de consumo al norte del país y en expansión y legalización, los delincuentes son abastecidos en las armerías norteamericanas, además del lavado de 40 mil millones de dólares anuales en aquél país.
Así, el informe, aún con el maquillaje de cifras que suele hacerse al no estar situado en perspectiva contra los propósitos ofrecidos en campaña o en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en balance con un plan administrativo anual que hubiera sido presentado al inicio del año, tendrá realmente pocos logros que apuntar. Se dirá que la economía se está recuperando, lo que es posible sostener sólo considerando la profunda caída del año anterior, pero no en referencia a los planes de crecimiento de inicios de sexenio que simplemente se han perdido. En realidad, la economía no habrá crecido en términos absolutos, ni siquiera habrá retornado al punto que tenía en 2007.
En empleo y salarios, cualquiera en la calle puede decir lo que sucede. De cada 5 mexicanos en edad de trabajar, sólo 2 tienen empleo, uno más está en la economía informal y los otros dos simplemente dependen de los otros tres pues no generan ingreso ni tienen oportunidad en la economía de encontrar trabajo. Quien pierde su empleo, más allá de la fantasiosa propaganda gubernamental, tarda más de un año en reponerlo y generalmente, en una actividad de menor calidad que la que tenía.
La seguridad pública simplemente se ha perdido, los ciudadanos se juegan la vida cada vez que salen de sus hogares, las calles son inseguras y cada vez más la violencia se acerca y permanece en el vecindario. El fracaso en materia de seguridad es más notorio todavía si se piensa que, en un cuarto año de gobierno, se está convocando, una vez más, de manera unilateral, a que la sociedad se sume a las fallidas propuestas del gobierno.
Este 21 de agosto se cumplen dos años de que se firmó un Acuerdo Nacional por la Legalidad, la Seguridad y la Justicia, el Congreso legisló más de 25 reformas constitucionales y nuevas leyes para proveer al gobierno de instrumentos novedosos en el combate a la delincuencia como fueron el arraigo, la persecución en caliente, la intervención de comunicaciones, el registro de números celulares, la ley de extinción de dominio, de combate al narcomenudeo y tratamiento de las adicciones, etcétera, etcétera, que simplemente las autoridades federales, estatales o municipales no aplican. Entretanto, a dos años de firmado el referido acuerdo, el gobierno federal sigue en el punto donde estaba, enfrascado tozudamente en una guerra frontal contra un enemigo móvil y estratégico, afirmando que no variará ni un ápice lo que está haciendo y que el Ejército seguirá en las calles hasta el último día de su mandato, con lo que heredará al próximo gobierno una guerra y una situación de hecho, con el ejército en las calles.
En el informe, sea cual sea el formato que adquiera, en su parte mediática habrá de contener sin duda nuevas arengas, exhortos o hasta amenazas como la de ?más recursos a la seguridad o alza de impuestos?, nueva versión del ya viejo axioma de Zhen Li, ?coopelas o cuello?. Es por ello relevante la posibilidad de rendición de cuentas. En el México de hoy, el de los 200 años, ya no caben los monólogos ni los diálogos intrapersonales. Se requiere rendir cuentas, ser interpelado, decirle a los ciudadanos por qué se han hecho las cosas de tal o tal manera, qué costos han tenido y cuánto más va a costar el hacer o no hacer, sobre todo si aún faltan dos años y cuatro meses de un camino hacia ninguna parte.
3. Seminarios del Senado.
En el Senado de la República, se realizaron el Seminario Internacional de Regímenes Politicos, en la ciudad de México, en tanto que en Querétaro, con los auspicios del Instituto Belisario Domínguez, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Congreso de Querétaro, se desarrollaron las Segundas Jornadas de Derecho Parlamentario México-España.
En el Seminario Internacional de Regímenes Políticos, una vez más, fue patente el rezago institucional de nuestro país en el concierto de las democracias consolidadas. Tanto los presidencialismos de América como los sistemas parlamentarios de Europa han avanzado hacia nuevos equilibrios en la relación entre los poderes, que incorporan sobre todo, la emergencia de una sociedad civil participativa, exigente y demandante, que en general se encuentra desencantada de la política y de los políticos.
Ponentes tan destacados como Diego Valadés subrayaron que en América Latina sólo México y República Dominicana no han integrado en sus regímenes políticos instituciones de control de la calidad del gobierno como es la ratificación de los integrantes del gabinete presidencial, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana mediante el referéndum, las candidaturas independientes, las iniciativas populares o la revocación de mandato.
Los ponentes, sobre todo del exterior, no han dejado de asombrarse porque sigamos discutiendo y resistiendo las bases de la nueva gobernabilidad en el mundo. Ya pocos piensan en regímenes unipersonales, de subordinación de los demás poderes al Ejecutivo en turno ?hiperpresidencialismos, les llamó el doctor Antonio María Hernández, de la Univesidad de Córdoga, Argentina?pero más aún, renuentes a la participación ciudadana, que es el verdadero anclaje de las instituciones democráticas en el mundo.
Ciertamente, los senadores participantes subrayaron las posibilidades de la reforma política en nuestro país, en donde hay cercanías en algunos temas como la ratificación del gabinete, la sustitución del presidente en caso de ausencia total, la reconducción presupuestal y las ?cartas ciudadanas? como se les llama a las candidaturas independientes, la iniciativa popular y el referéndum.
Sin embargo, los asistentes no dejaron de reconocer la claridad en el diagnóstico y la contundencia de las soluciones propuestas, pero la lejanía que se percibe en el contexto político, donde la inminencia de la sucesión presidencial aleja la racionalidad política y trae al escenario, otra vez, los proyectos unipersonales, con un Presidente de la República convertido en el jefe de campaña del PAN y empecinado en cerrarle el paso a su principal adversario, el PRI; un PRD disminuido y en proceso de desintegración debido a las coaliciones perrepán que le han tornado colaboracionista y han desdibujado su identidad de izquierda, que va hacia una confrontación irremediable por la candidatura presidencial y los restos del partido; y un PRI que ha aprendido de las lecciones de sus derrotas, que sabe que la división interna y la unión de los contrarios son un poderoso antídoto a la recuperación electoral que le ha beneficiado en los últimos tres años y que también se enfila a una contienda interna que pondrá a prueba las lecciones aprendidas.
En el escenario de la contienda presidencial, quedaría poco espacio para una reforma del régimen.
4. Encuentro México-España de Derecho Parlamentario Comparado.
Por otro lado, en el encuentro entre académicos México-España, se abordó el desfase observado entre las necesidades inmediatas de la ciudadanía y los severos problemas que le afectan, como son la inseguridad, la violencia, el desempleo, la falta de perspectivas, la corrupción, impunidad y la inmensa pobreza, y la percepción existente sobre una reforma del régimen político.
Para el ciudadano de a pie, en los niveles locales (estados y municipios), una reforma política resulta superflua, no se le ve una conexión directa entre la organización pública y los resultados observados en la economía y la sociedad. Se apela a las soluciones rápidas, efectistas, y se tiende a personalizar los atributos de la política. No hay entonces, en esta percepción, una correlación entre el régimen y los resultados que produce, de ahí los riesgos de que, con un buen marketing, se cuelen los Fox, las martitas o incluso los Peña, populares, bien vistos, pero huecos o carentes de una visión de Estado.
Lo que el derecho comparado muestra, como se vio en el seminario de Querétaro, es que la relación entre el régimen político y los resultados que produce es fuerte. Esto es, en un régimen en el que hay instituciones de rendición de cuentas, de transparencia y de evaluación de resultados, coronada con la participación ciudadana, ni los políticos prometen lo que no pueden cumplir, ni los ciudadanos esperan milagros que resuelvan todo de la noche a la mañana, creándose un círculo virtuoso de responsabilidades compartidas que se ha dado en llamara la cultura del deber y de la responsabilidad. Elinor Orston, reciente premio Nobel, demostró que la creación de capital social tiene una estrecha vinculación con la persistencia de instituciones sólidas que modelen la conducta. Si las instituciones funcionan, se incrementa el capital social y crece la confianza; por el contrario, si las instituciones fallan, el capital social se destruye, siendo en ocasiones un problema generacional el reponerlo.
A ello aludió el senador Manlio Fabio Beltrones, presidente del Instituto Belisario Domínguez, al inaugurar las Segundas Jornadas en Querétaro, evento programado hace meses y que le impidiera asistir al precipitado foro por la Seguridad que convocara el Presidente de la República. Beltrones dijo que, si bien los expertos y analistas consideran aburridas las democracias efectivas por su alto grado de certidumbre, seguridad y predictibilidad, en países como el nuestro, nuestras sociedades quisieran aburrirse un poco porque la ley se cumpla, la seguridad sea palpable y los conflictos se encaucen mediante el derecho y las instituciones. Tal puede ser la trascendencia de una reforma política que pudiera llegar a buen puerto en el inminente periodo ordinario de sesiones que inicia el 1º de septiembre.
5. Evaluación de los evaluadores.
La Fundación Luis Donaldo Colosio convocó a los más destacados encuestadores del país, como son Roy Campos, de Consulta Mitofksy; Marìa de las Heras, de Demoscopia; Francisco Abundis, de Parametrìa, y Jorge Buendía, de Laredo y Buendía a evaluar por qué prácticamente ninguna de las entidades encuestadoras pudo anticipar los vuelcos electorales del pasado 4 de julio hacia las coaliciones perrpeán, extrañas e insólitas de alianza entre enemigos históricos con el único propósito de detener el tren electoral del PRI.
Si se pensara maquiavélicamente, los partidos aliancistas aplicaron la máximca de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, poniendo de lado los propósitos propios por una causa común. Tales alianzas de carácter sólo electoral, suelen producir gobiernos confusos en busca de identidad, que suelen bandear de un extremo a otro, apoyándose no en el partido sino en una pretensión civilista o ciudadana. A la postre, los alcanza la orfandad como le sucede a Zeferino Torreblanca en Guerrero o Jaime Sabines, ambos, gobernantes sin destino cierto.
Las explicaciones ofrecidas pueden ser muchas y todas tienen sin duda lalgo de razón. Se centran en que los encuestados, al final de cuentas los ciudadanos representados en una muestra, aprendieron el juego y no son veraces a la hora de responder. Uno de los principales falsarios y que no acudió a la evaluación de los evaluadores, el Grupo de Comunicación Estratégica, que en opinión de Parametría no hace encuestas sino ?push polls?, esto es, sondeos sesgados e intencionados que ponen la respuesta que se busca en la boca de los entrevistados, se defendió en la prensa con un argumento falaz, dado que resultaría imposible aplicar encuestas con polígrafo.
Una vez que suceden los hechos, pululan las explicaciones plausibles. Lo cierto es que, si las encuestas se aplican con el rigor metodológico debido, es muy difícil sesgar los resultados y esto sólo es posible, en la perspectiva académica, sosteniendo una perspectiva de transparencia. Junto con la ventana metodológica, el encuestador debe someterse a la auditoría de su muestra por un tercero (el IFE podría ser un buen evaluador de los evaluadores, dado el grado de interés público que las encuestas han alcanzado) y dar a conocer cuál es el criterio de reemplazo de quienes no quieren responder, aspecto que también pudiera ser auditado.
Sólo así el rigor del método puede evitar el sesgo o la manipulación en las encuestas.
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