facebook twitter
Parametría en Medios
La acotación del fuero militar pone en la mira a la percepción social que se tiene del Ejército
23/Oct/2010
Por: Eje Central
La propuesta del Ejecutivo de reformar el fuero castrense bajo recomendación de la CIDH es respaldada por una percepción irregular que la población tiene del Ejército, vaivén que coincide con los casi 4 años que lleva combatiendo al narcotráfico en las calles.
El Presidente Felipe Calderón pidió este semana al Senado reformar el fuero militar para que los soldados y marinos sean juzgados en tribunales civiles cuando cometan los delitos de tortura, violación y desaparición forzada.
La presión al Gobierno mexicano surgió de una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el problema de percepción de las labores que realiza el Ejército contra el narcotráfico van de la mano con su despliegue a la calles desde que comenzó la administración calderonista.
La empresa Parametría lo tiene documentado. La aceptación de la gente con respecto a que se utilice al Ejército para combatir al narco va en descenso.
En enero del 2007 esa institución tenía 89 por ciento de aprobación. En agosto del 2010, 80 por ciento.
Sucede lo mismo con la confianza que se le tiene a los militares. En julio del 2006, antes de que Calderón lo enviara a las calles a pelear contra el crimen organizado, alcanzaba 74 puntos de confianza. Un año después, 53 por ciento.
La cifra ha variado desde ese fecha, hasta centrase en 65 puntos en agosto del 2010.
A agosto del 2009, según la misma casa encuestadora, el 54 por ciento de los mexicanos creía que el Ejército había llegado a violar los Derechos Humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene bien radiografiado el aumento en abusos de militares a las garantías básicas de los mexicanos: en el 2007fueron 376; 2008, mil 143; en el 2009 mil 644 y hasta el 28 de septiembre del 2010, mil 95.
Sin embargo, y esa fue la razón principal que motivó la denuncia de la CIDH, ningún militar ha sido sentenciado por abusos a la población. Exactamente 178 han sido indiciados y 39 han sido procesados, pero ninguno ha sido sentenciado por la justicia militar.
A agosto del 2009, el 54 por ciento de los mexicanos consideraba que los militares que comenten un delito contra una persona deben ser juzgados por un tribunal civil. El 39 por ciento opinaba que debía ser uno militar.
La opinión engarza con la percepción que la gente tiene de la utilidad como tal de tener al Ejército en las calles: el 65 por ciento opina que sólo ayudará a resolver el problema de manera temporal y el 26 por ciento de manera permanente.
De acuerdo con el paquete de reformas enviado por Calderón al Senado, que modifica un total de cinco ordenamientos, los elementos de las fuerzas armadas que incurran en esos crímenes serán encerrados en cárceles militares, con el objetivo proteger su vida y de que no sean corrompidos por integrantes de la delincuencia organizada que purgan condenas en los penales federales.
La única excepción aplicará con los militares que estén acusados de participar en actividades del narcotráfico, ya que en ese caso tendrán que ser recluidos en penales de máxima seguridad.
En la exposición de motivos el titular del Ejecutivo propone que el delito de desaparición forzada prescriba hasta los 35 años.
Calderón plantea que este crimen sea castigado con una sanción de entre 20 y 50 años de cárcel, cuando se trate de un funcionario público.
La pena disminuirá a entre 10 y 25 años, cuando la desaparición sea cometida por un civil
comments powered by Disqus
Copyright © 2013
Desarrollado por: Estrategia360