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A LA OPINIÓN PÚBLICA | PARAMETRIA
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A LA OPINIÓN PÚBLICA

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En días anteriores el personal de campo de una de nuestras empresas asociadas sufrió un desafortunado incidente con las autoridades del municipio de Coacalco de Berriozábal en el Estado de México. Como este no es el primer caso similar que sucede, la industria organizada de investigación social aplicada en México emite este pronunciamiento público.
1.- Las empresas asociadas en AMAI y CEDE manifestamos nuestro profundo compromiso con la ley y los marcos normativos vigentes a nivel federal, estatal y municipal.
2. Nos pronunciamos en contra de interpretaciones dolosas de la ley que confunden nuestra actividad legítima de pedir información voluntaria y anónima de las personas vía encuestas, con actividades comerciales o de servicios en la vía pública. En este sentido estamos dispuestos a proceder legalmente para defender el derecho de ejercer nuestra actividad profesional que no contraviene a ningún ordenamiento civil o comercial.
3. Repudiamos sin cortapisas que algunas autoridades, oficiales de policia y funcionarios del juzgado de conciliación en Coacalco, Estado de México, impidan la realización de nuestro trabajo y apresen a nuestro personal de campo imponiéndoles la pena máxima estipulada en el capítulo IV del Bando Municipal, recién publicado en la Gaceta Municipal, sin antes haberlos amonestado como lo dicta el mismo Bando. Pero sobre todo, no podemos admitir que se les exija pagar “multas” en efectivo y sin el recibo correspondiente, lo cual contraviene los principios de transparencia y combate a la corrupción que están adoptando muchos municipios en México como respuesta al reclamo de la sociedad por frenar abusos de ciertas autoridades.
Repudiamos sin cortapisas que algunas autoridades, juzgado de conciliación en Coacalco, Estado de México, impidan la realización de nuestro trabajo y apresen a nuestro personal de campo imponiéndoles la pena máxima estipulada en el capítulo IV del Bando Municipal, recién publicado en la Gaceta Municipal, sin antes haberlos amonestado como lo dicta el mismo Bando. Pero sobre todo, no podemos admitir que se les exija pagar “multas” en efectivo y sin el recibo correspondiente, lo cual contraviene los principios de transparencia y combate a la corrupción que están adoptando muchos municipios en México como respuesta al reclamo de la sociedad por frenar abusos de ciertas autoridades.

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