PARAMETRIA

Hace una semana, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual homologa las 33 legislaciones estatales existentes en la materia, con el objetivo de garantizar a los ciudadanos el acceso a un sistema judicial de calidad que proteja sus derechos y recupere la confianza perdida en la impartición de justicia del país[1].

De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Mexicana, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita[2], sin embargo, para la mayoría de los mexicanos la justicia en la práctica discrepa de dichos principios fundamentales.

Cifras del estudio nacional en vivienda de Parametría muestran la desconfianza que los ciudadanos tienen en el Poder Judicial y en los métodos que este utiliza para ejercerla. Si bien la incredulidad en la justicia mexicana varía en los distintos rubros del sistema, en todos predomina el descontento ciudadano con la calidad de ésta.

Por ejemplo, el 45 % de los encuestados opina que las leyes en el país benefician a los delincuentes, sobre todo aquellos que poseen recursos económicos, de ahí que el 42 % también afirme que si un delincuente —sujeto a proceso—tiene suficiente dinero, puede ser declarado inocente en un juicio.

Asimismo, se observa que el 60 % dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (máxima instancia del Poder Judicial) no hace cumplir la Constitución de forma efectiva. En tanto que el 62 % duda en ser tratado conforme a la ley por las autoridades correspondientes en caso de ser acusado de algún ilícito, a esta opinión se suma el 65 % de los encuestados que desaprueban el trabajo de los policías al investigar un delito.

La desconfianza de la población aumenta al preguntar si los derechos humanos de los acusados son respetados desde la investigación hasta la sentencia, 66 % de los entrevistados considera que esto no sucede; lo mismo ocurre al cuestionar la situación de los tribunales, 67 % rechaza la premisa de que en los juzgados prevalece la honestidad y la justicia. Esta negativa también se observa en el tratamiento a los presuntos delincuentes, el 69 % desconfía que las declaraciones de culpa de los procesados se hagan voluntariamente.

La brecha más grande la encontramos en la pregunta sobre la imparcialidad de la justicia. Únicamente el 4 % piensa que las leyes en México se aplican a todos por igual, mientras que el 73 % está en contra de esta afirmación. Dicha percepción de desigualdad ante la ley ha aumentado en los dos últimos años, pasando de 56 % en 2011 al 73 % en 2013, posiblemente por casos como el de Caro Quintero o el del maestro chiapaneco Alberto Patishtán que dejaron al descubierto algunas deficiencias del sistema de justicia penal.

A la evaluación negativa del sistema de justicia habría que sumar los bajos niveles de confianza que las instituciones encargadas de su aplicación inspiran en los ciudadanos, de ellas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la que más confianza infunde en la población (28 %), le siguen los jueces (27 %) y el Ministerio Público (23 %).

Los estudios locales no son los únicos que revelan la situación de la justicia en el país; en 2011, el Latinobarómetro ubicó al sistema judicial mexicano en el último puesto de 19 países participantes, debido al bajo nivel de aprobación ciudadana con la efectividad de la ejecución de justicia (33 %).

Ante esta situación una parte considerable de la población cree que el Código Nacional de Procedimientos Penales puede ayudar a mejorar el sistema judicial y, por ende, la impartición de justicia en México.

Más de la mitad de los mexicanos considera que algunos aspectos del Código Único pueden contribuir a transparentar y mejorar los procesos penales en el país; el 65 % de los mexicanos confía en que acciones como el presentar ante el Ministerio Público o juez a una persona acusada de cometer un delito inmediatamente después de ser detenido o aprendido favorecería la aplicación de la justicia; el 56 % cree que la solicitud por parte de las autoridades de la localización geográfica de los acusados también ayudaría; 55 % concuerda en que video-grabar los juicios orales perfeccionaría la impartición de justicia, al igual, que el respetar el principio o presunción de inocencia (53 %).

En menor medida, el 49 % de los encuestados coincide en que el no exhibir a los detenidos ante los medios de comunicación sin una sentencia, así como el desarrollo consecutivo de las audiencias podría mejorar la calidad de la justicia en México. De igual forma, el 48 % opina que la implementación de juicios abiertos a periodistas y al público en general y, la intervención de las comunicaciones privadas con previa orden judicial facilitarían y protegerían los derechos de los ciudadanos de acuerdo con el 47 % de los entrevistados.

Hasta el momento, el Código Único ha recibido elogios[3] y críticas[4], sin embargo, en ambos casos se exalta la necesidad de modernizar y confiar en un sistema efectivo de justicia. Si bien, la población en general tiene sus reservas, una parte considerable espera que las implicaciones de la nueva legislación nacional: la protección de la víctima; el respeto a sus derechos; la presunción de inocencia; la reparación del daño y el respeto al debido proceso[5] ahora sí contribuyan a impartir justicia a favor de los ciudadanos.

Fuentes:

PARAMETRÍA.Encuesta Nacional en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 800 encuestas realizadas del 19 al 22 de diciembre de 2013. Nivel de confianza estadística: 95 %. Margen de error: (+/-) 3.5 %. Tasa de rechazo: 47 % Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el IFE. Población objetivo: Personas de 18 años en adelante con credencial para votar que al momento de la entrevista residan en el lugar de interés.

PARAMETRÍA.Encuesta Nacional en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 800 encuestas realizadas del 25 al 29 de enero de 2013. Nivel de confianza estadística: 95 %. Margen de error: (+/-) 3.5 %. Tasa de rechazo: 45 % Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el IFE. Población objetivo: Personas de 18 años en adelante con credencial para votar que al momento de la entrevista residan en el lugar de interés.

El Universal.EPN: será pronta y expedita la justicia, 05 de marzo de 2014.

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/epn-sera-pronta-y-expedita-la-justicia-213681.html

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 17. [Última consulta: 10 de marzo de 2014] Disponible en:

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/18.htm?s=

El Universal.El cambio de una realidad, 05 de marzo de 2014. [Última consulta: 10 de marzo de 2014] Disponible en:

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/el-cambio-de-una-realidad-213683.html

La Jornada. Arrogancia legislativa en el Código Nacional de Procedimientos Penales, 14 de febrero de 2014. [Última consulta: 10 de marzo de 2014] Disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/2014/02/14/opinion/020a2pol

Sin embargo. El fantasma del Código Nacional de Procedimientos Penales, 03 de diciembre de 2013. [Última consulta: 10 de marzo de 2014] Disponible en:

http://www.sinembargo.mx/opinion/03-12-2013/19659

Vanguardia. Lo que debes saber sobre el nuevo Código Único de Procedimientos Penales, 05 de marzo de 2014. [Última consulta: 10 de marzo de 2014] Disponible en:

http://www.vanguardia.com.mx/loquedebessabersobreelnuevocodigounicodeprocedimientospenales-1960610.html