La mitad de los mexicanos está en desacuerdo con que un funcionario público renuncie a su cargo para aspirar a una candidatura a un puesto de elección popular. Sin embargo, lo que más rechazan los mexicanos es que el funcionario en cuestión regrese a su cargo previo, en caso de no haber obtenido la candidatura deseada.
La más reciente Encuesta Nacional en Vivienda de Parametría investigó la opinión de los ciudadanos acerca de las renuncias de funcionarios que aspiran a la Presidencia de la República. Los resultados muestran que únicamente el 33% de los ciudadanos está de acuerdo con que servidores públicos renuncien a sus puestos para buscar una candidatura, mientras que el 49% está en desacuerdo.
Siete de cada diez mexicanos se manifiestan en contra de que un funcionario público realice campaña, sin abandonar su cargo, para buscar una postulación a un puesto de elección popular. Llama la atención que exista un 15% de acuerdo con que un funcionario público haga campaña desde su puesto. Tal comportamiento supondría el uso de recursos públicos para la promoción personal de un individuo, lo que está prohibido por la Constitución,[1] y sancionado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Una vez presentada la renuncia al puesto público para buscar una candidatura, el funcionario que no la obtuviese no debe regresar a su encargo posterior, de acuerdo con el 71% de los encuestados.
La encuesta de Parametría preguntó también sobre la posición de los mexicanos respecto al papel del Presidente y de los gobernadores. En porcentajes similares se observa un amplio rechazo a que los titulares del Poder Ejecutivo apoyen públicamente a los candidatos de su partido. Los números arrojan un margen ligeramente mayor de tolerancia al activismo del Presidente de la República que al de los gobernadores.
La investigación desarrollada por Parametría permite ver que a lo largo del tiempo son más los mexicanos en contra de la manifestación pública del apoyo presidencial a sus correligionarios. En 2003 casi un tercio de los mexicanos estaba de acuerdo con el apoyo del Presidente a los candidatos de su partido, siete años después ese porcentaje ha caído a menos de la mitad al ubicarse en 15%.
El caso de los gobernadores es similar. Del 37% en 2003, ahora es sólo el 13% el que está de acuerdo con el apoyo a los candidatos de su partido.
Además del descenso en el acuerdo con el apoyo de los ejecutivos a los candidatos de su partido, se aprecia también un cambio entre la tolerancia al activismo del Presidente de la República y al de los gobernadores.
Hacia 2003 eran más los que toleraban el apoyo de los gobernadores que los que aceptaban el del Presidente, 37% frente a 31%, para la medición reciente se invirtieron los porcentajes. El desacuerdo con las acciones de apoyo del Presidente creció 10 puntos, mientras que el porcentaje de desacuerdo con los gobernadores aumentó 18 puntos.
La semana pasada en el gabinete del Presidente Felipe Calderón hubo renuncias y nuevos nombramientos. Dos de los ahora ex funcionarios buscan candidaturas por el Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero –ex secretario de Hacienda y Crédito Público- para la Presidencia de la República y José Ángel Córdova –ex titular de la Secretaría de Salud- a la gubernatura de Guanajuato.
Esto a pesar de que, de acuerdo con el calendario electoral, el proceso federal inicia en octubre y las precampañas hasta la tercera semana de diciembre. En el caso de Guanajuato, el inicio del proceso electoral es en enero de 2012.
De los precandidatos para la elección presidencial de 2012 hay 5 políticos que para aspirar a una candidatura deben renunciar o pedir licencia según el caso: Marcelo Ebrard (Jefe de Gobierno del DF), Santiago Creel (senador con licencia), Manlio Fabio Beltrones (senador), Josefina Vázquez Mota (diputada federal con licencia) y Ernesto Cordero (ex secretario de Estado).
De acuerdo con la medición de Parametría, el más conocido de ellos es el perredista Marcelo Ebrard con 87% de conocimiento, seguido del panista Santiago Creel con 82%. El último lugar le corresponde a Ernesto Cordero, del cual han oído hablar el 43%.
En términos de opinión, el más alto es también Ebrard con un balance de 38% de opinión efectiva, mientras que el más bajo es de nueva cuenta Cordero con un saldo negativo de -5% de opinión efectiva.
Por ley para que un secretario o subsecretario de Estado, procurador general de la República, Gobernador o Jefe de Gobierno pueda ser Presidente de la República, es necesario que se separe de su cargo cuando menos seis meses antes del día de la elección.[2]
En el caso de los miembros del Congreso de la Unión, no están establecidos los tiempos para la licencia de los aspirantes a otros cargos, aunque los reglamentos internos tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados establecen como causales de solicitud de licencia la postulación a otro cargo de elección popular.[3]
FUENTES:
PARAMETRÍA. Estudio: Encuesta Nacional en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 500 encuestas del 27 al 31 de agosto de 2011. Nivel de confianza estadística: 95%. Margen de error (+/-) 4.3%. Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño.Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el IFE.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosen: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/9.htm?s=
Reglamento de la Cámara de Diputados, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados.pdf
Reglamento del Senado de la República, en: http://www.senado.gob.mx/img/doctos/Reglameto_Senado.pdf
[1] En el artículo 134 constitucional: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
[2] Artículo 82 constitucional.
[3] Véanse artículo 13 del Reglamento del Senado de la República: http://www.senado.gob.mx/img/doctos/Reglameto_Senado.pdf y artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados.pdf
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