PARAMETRIA

Para poner en su justa dimensión la decisión adoptada el martes al desaparecer el viejo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, hay que ir a los números. La Sección 22, a través del IEEPO, y desde 1992, controlaba la designación, que ella misma hacía, de trescientos mandos altos y medios, además de cuatro mil plazas administrativas, dentro del propio instituto. Utilizaba a discreción un presupuesto anual de 14 mil 988 millones 442 mil 892 pesos (para el ejercicio 2015) y tenía el poder de decidir quién trabajaba y quién no, quién ascendía o tenía bonos; quién podía ser director o inspector; quién tendría sólo una plaza o varias (o sólo media, a compartir con otras personas).

Nadie sabe en realidad cuántos comisionados sindicales a cargo del presupuesto del estado tenía la Sección 22. Con base en el censo del año antepasado, se estima que tenía un mínimo de dos mil 900, y considerando que cada uno percibiera un salario mensual de diez mil pesos, tenemos que, sólo con ello, la Sección 22 se apropiaba de unos 350 millones de pesos al año, o sea: un millón de pesos al día.

De esa magnitud es el poder que se le ha arrebatado a la Sección 22. Desde el martes, ya todas esas cuentas han pasado a manos del nuevo Instituto, y la 22 ya no tendrá ninguna de esas atribuciones ni recursos, tampoco plazas para asignar y controlar, incluyendo los salarios de los maestros, porque, por ley, era el propio IEEPO, controlado por la 22, el que informaba qué maestros habían trabajado y quiénes no, e incluso en periodos de huelgas ilegales o movilizaciones, en su nómina siempre aparecían todos los suyos trabajando y cobrando. Las plazas, los salarios, los ascensos, las promociones se daban con base en un sólo criterio: la participación en las movilizaciones de la propia Sección 22. Lo profesional, lo magisterial, simplemente, no contaba. O como ellos suelen decir: ?movilizar es educar?.

El pasado 10 de julio decíamos que estaban a punto de perder otro recurso inapreciable para tener de rehén a la sociedad oaxaqueña. En esa entidad, los ingresos de cientos de miles de familias, dependían, indirectamente de la Coordinadora y la Sección 22, porque, para cobrar los apoyos de los programas de Prospera, se requería la firma de los maestros, para que ellos, a su vez, certificaran que los niños asistían a la escuela. Lo que hacía la Sección 22, explotando la necesidad de la gente, era condicionarle esa firma ?una forma de extorsión? a las madres de familia. Y si no apoyaban sus movilizaciones, estos ?maestros?, sencillamente, no firmaban los certificados, dejando a la familia sin recibir el apoyo de Prospera, una ayuda que, en muchas ocasiones, era, o es, simplemente, la diferencia entre comer o no durante ese mes. Ese chantaje ya ha sido erradicado en Oaxaca, al mismo tiempo que se adoptaron las medidas de desaparición del viejo IEEPO. La Sedesol decidió que los apoyos ya no dependerán de la firma de los maestros en los lugares donde no se pueda hablar de una normalidad educativa. La Sección 22 dejará, así, de tener como rehenes a cientos de miles de familias que viven del apoyo de Prospera.

El recuento de tantos abusos es lo que ha llevado al límite la paciencia social. La gente está harta de la Coordinadora, de sus dirigentes y sus movilizaciones: una encuesta de Parametría, de Francisco Abundis, de junio pasado, muestra que existe un consenso inédito (casi imposible de encontrar en cualquier otro tema): el 90% opina que los maestros sí deben ser evaluados. El 61% de los encuestados opina que este grupo de maestros se opone a la evaluación por falta de conocimientos, de capacitación, de actualización y un 23% que, simplemente, lo hacen para no perder privilegios. O sea un 84% considera que se oponen a la evaluación únicamente por defender sus intereses personales o por incapacidad. Un porcentaje muy similar, nada menos que el 85%, opina que se debe sancionar a los maestros que no quieren ser evaluados. Cuando se pregunta de qué forma deben ser sancionados, un 32% opina que deben tener una ?suspensión definitiva?, un 25% dice que una sanción económica, el 18% que debe haber una suspensión temporal, mientras que el 10% dice que deben publicarse los nombres de los maestros que no quieren ser evaluados.

La gente, decíamos, está harta de los líderes de la Coordinadora y de la Sección 22, incluyendo a muchos de sus afiliados que están allí por presiones económicas (salarios, prestaciones, apoyos). Por supuesto que amenazarán con la violencia. Pero, por primera vez, existen condiciones para cambiar el rumbo en la educación oaxaqueña y acabar con ese perverso mecanismo de explotación social disfrazado de sindicalismo.

El tiempo del señor Núñez y sus cómplices se está agotando porque, más allá de gobiernos federales o locales, quienes están hartos de estos grupos son las familias. Nadie puede imponer su agenda política (y cobrar muy bien por ello con base a recursos públicos), si cuenta con el rechazo del 90% de la población.