Exitosa y políticamente redituable ha resultado la Ley de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 70 años. Aunque circunscrita al Distrito Federal, esta legislación ha traspasado sus límites geográficos para ser ampliamente conocida en todo el país.
Pero existen también controversias en torno de esta ley, como el hecho de que se entregue una ayuda económica mensual y servicios médicos gratuitos a los adultos mayores independientemente de si necesitan o no los recursos, y las posibles implicaciones sobre la actitud de las personas hacia el ahorro en el futuro.
Con el propósito de analizar estos aspectos consideremos la información que nos proporciona la Encuesta Nacional Parametría.
Conocimiento y opinión sobre la ley
A pesar de que la pensión alimentaria para adultos mayores es una política social circunscrita al DF, el nivel de conocimiento de esta legislación local es muy alto: siete de cada diez mexicanos conocen acerca de esta disposición.
En la ciudad de México este programa es conocido por casi todos los capitalinos, ya que 95% de los habitantes del DF menciona haber oído hablar de ella.
En relación con la opinión pública nacional, nueve de cada diez personas consideran que el gobierno debe apoyar a los adultos mayores, aún si esto significara dejar de invertir en otras áreas.
Esta misma proporción (94%) en favor de la pensión alimentaria también se presenta en el DF.
Estudios socioeconómicos
Actualmente el Gobierno del Distrito Federal otorga 668 pesos mensuales y asistencia médica gratuita a todas las personas mayores de 70 años, independientemente de si necesitan o no el apoyo.
Esta situación podría dar pie a lo que algunas han denominado riesgo moral, el cual se presenta cuando alguna de las partes no está perfectamente informada y aquellos que poseen una mayor información sacan ventaja de su posición.
En este caso, el riesgo moral podría darse de dos formas: a) En primer lugar, la no aplicación de estudios socioeconómicos a los beneficiarios puede generar que individuos en condiciones económicas aceptables reciban la ayuda de medio salario mínimo cuando en realidad no la necesitan, propiciando que la administración local gaste recursos innecesarios.
Y, b) En segundo lugar, como en este programa la asistencia médica es gratuita, los adultos mayores tendrán pocos incentivos para hacer un uso limitado de los servicios, y por consiguiente, los costos en salud tenderán a aumentar con el paso del tiempo.
El primer problema se resolvería probablemente con la aplicación de estudios socioeconómicos a los beneficiarios. Si analizamos los datos de la Encuesta Nacional Parametría, los mexicanos concuerdan con esta medida. El 60% de los entrevistados en el país considera que el Gobierno debería realizar los estudios correspondientes para determinar quienes merecen el apoyo.
En el caso del Distrito Federal, el 68% de los capitalinos se inclina por la realización de tales procedimientos.
La solución al segundo problema (incremento de los costos en salud) es todavía más complicada y hasta el momento continua discutiéndose por los especialistas en estos temas.
Las implicaciones sobre el ahorro
La aplicación de la Ley de pensión alimentaria para adultos mayores, es posible que en un futuro afecte las actitudes de las personas hacia el ahorro.
Al preguntar a los mexicanos si ahorrarían más o menos para su retiro si supieran que por ley cuando cumplan 70 años recibirán una ayuda económica mensual, el 39% respondió que ahorraría más, un 13% mencionó que ahorraría menos y el 31% que ahorraría igual.
En el Distrito Federal, los capitalinos respondieron de la siguiente manera, el 35% dijo que ahorraría más, el 8% que ahorraría menos y el 48% respondió que no cambiaría sus hábitos de ahorro.
Paradójicamente, al analizar esta situación por nivel de ingreso en el país, se encontró que la propensión a ahorrar menos se acentúa en las personas de menores ingresos, mientras que para aquellos que reciben altos ingresos, la propensión a ahorrar se incrementa.
Si las familias más pobres del país reducen sus tasas de ahorro y las familias ricas aumentan su propensión a ahorrar como resultado de la aplicación del programa de pensión alimentaria, el gobierno sin proponérselo podría estar en el largo plazo empeorando la distribución de la renta.
Y así, lo que hoy es una política social orientada a ayudar a un grupo desprotegido puede terminar siendo una política que aumente la desigualdad económica entre los que más y menos tienen.
Conclusiones
El alto reconocimiento y apoyo público que ha recibido la Ley de Pensión Universal para adultos mayores en el país aún cuando se trata de un programa local, nos habla del éxito alcanzado por esta política social.
Sin embargo, la no aplicación de estudios socioeconómicos a los beneficiarios y las posibles repercusiones en el ahorro pueden generar en un futuro algunas distorsiones no previstas por el Gobierno del Distrito Federal.
No debemos olvidar que el hecho de que los programas públicos tengan unos nobles fines no significa que deban gestionarse descuidadamente. Por fortuna este programa apenas comienza, y pueden realizarse los ajustes necesarios para hacerlo más eficiente, la pregunta es, ¿lo harán?
NOTA METODOLÓGICA. Estudio: Encuestas en vivienda. Representatividad: Nacional / D.F. Número de entrevistas: 960 / 400. Nivel de confianza estadística: 95%. Margen de error: (+/-) 3.2% / (+/-) 4.9%. Diseño, muestreo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el IFE. Fecha de levantamiento: Del 15 al 18 de diciembre del 2003
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