Los crímenes ocurridos en los últimos 10 años en Ciudad Juárez son un cuestionamiento a la capacidad de gobierno del Estado Mexicano, en cualquiera de sus instancias, federal o local. Un Estado que no puede proveer de la mínima seguridad a sus ciudadanos es puesto en entredicho. Este problema es aún más grave si se considera que las agresiones a los ciudadanos han sido sistemáticas y hacia un segmento de población bien definido: mujeres jóvenes.
La importancia del caso lo convierte automáticamente en un tema de opinión y política publica. Por esta razón el ómnibus Parametría de encuesta en vivienda a nivel nacional decidió medir la percepción que la ciudadanía tiene del problema y cómo se evalúa la posición del gobierno en el tema.
Un primer dato es que hay altos niveles de conocimiento del problema. Tres de cada cuatro ciudadanos saben de los asesinatos. A diferencia de otros temas de política pública el nivel de conocimiento es alto, la mayoría de la población esta enterada y lo considera un tema de fundamental importancia. Por ello evalúan que el gobierno no le ha dado la importancia que el problema requiere. En este punto la población es muy crítica con las acciones realizadas hasta la fecha.
La población considera que el primer responsable de resolver el problema es el gobierno federal. En segundo lugar se considera responsable al local. No se considera que la ciudadanía tenga capacidad para resolver este asunto. Esto no es necesariamente un cuestionamiento al trabajo de las ONG, pero es claro que no se considera que tengan capacidad o responsabilidad sobre el tema.
Un par de datos obtenidos en el Ómnibus Parametría llaman la atención. Uno es que no se considera que la falta de atención del gobierno al problema se deba a una visión de género en la que sólo por ser mujeres las afectadas no se pone más atención al problema. Otro dato interesante es que la mayor parte de la población ve el origen del problema que esta relacionado con el tráfico de órganos. Esta respuesta sorprende un poco porque en principio no hay ninguna versión dominante o por lo menos aceptada por los líderes de opinión o lo medios en general de cuál es el origen de este punto. Ante tal falta de información es posible que el público haya decidido crear una explicación que parece darle sentido a las muertes en Ciudad Juárez.
El hecho de que la población considera al gobierno el principal responsable explica que se critiquen las declaraciones que hizo en algún momento el Presidente Fox de que no era responsabilidad del gobierno atender este problema de seguridad pública, sino que era una atribución del gobierno local. Por todos estos datos es muy probable que las recientes acciones del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobierno, de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República, de integrar un programa integral de seguridad pública para Ciudad Juárez, represente una evaluación positiva para el gobierno. En todo caso lo que se puede cuestionar es la lenta capacidad de respuesta.
Sin embargo, uno de los datos que sorprende es que el público esta dispuesto a justificar que intervengan otras instancias para la solución del problema. Incluso si esta instancia es del gobierno de otro país. Este dato en algún sentido cuestiona la percepción que tienen los ciudadanos sobre su capacidad para poder cumplir sus tareas mínimas, como es la de brindar seguridad a su población.
El programa que inicio el gobierno federal esta semana es fundamental para devolver la credibilidad de los ciudadanos en que el Estado tiene capacidad para resolver problemas de esta magnitud. De lo contrario el ciudadano promedio demandará la intervención de la instancia que sea necesaria para la resolución del problema. Sin duda esta última situación no ayudaría a la imagen gubernamental, y el primer responsable, como muestran los datos, será el gobierno federal. Sobra decir que lo que pasa hoy día en Ciudad Juárez es un problema de seguridad y de interés nacional.
NOTA METODOLÓGICA. Estudio: Encuestas en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 1000. Nivel de confianza estadística: 95%. Margen de error: (+/-) 3.1%. Diseño, muestreo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el IFE. Fecha de levantamiento: Del 24 al 25 de mayo de 2003.
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