PARAMETRIA

En 1992, a través del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, el gobierno federal se comprometía a transferir los recursos educativos a los estados. Esto con el propósito de que cada gobierno estatal elevara la calidad y cobertura del servicio de educación.

La única entidad que no recibió esta facultad fue el Distrito Federal, cuyo gobierno en ese entonces todavía era un Departamento del gobierno federal (el Distrito Federal adquiere el nivel de entidad federativa en 1996).

Sin embargo, con la idea de concretar la descentralización educativa en todo el país y repartir los recursos de una manera más equitativa, un grupo de legisladores ha propuesto recientemente una iniciativa para modificar el artículo 122 constitucional, la cuál, en caso de prosperar, reduciría las participaciones federales que le corresponden a la Ciudad de México en materia de educación, y esta cantidad sería repartida al resto de las entidades federativas.

El debate en torno a esta iniciativa posiblemente continuará durante algún tiempo. Por ello, antes de analizar a detalle la percepción de los mexicanos sobre este asunto, la Encuesta Nacional Ómnibus Parametría realizó un primer acercamiento del tema con el objetivo de tener una mejor perspectiva de los actuales acontecimientos y contribuir a la discusión de este problema de política pública.

La administración de los servicios educativos

Aún cuando la reforma educativa de 1992 transfirió los servicios educativos a todos los estados -excepto a la capital del país- sólo el 46% de las personas entrevistadas considera que la educación debe ser administrada por los gobiernos estatales, mientras que el 44% opina que debería estar en manos del gobierno federal. Este dato es muy revelador y podría tener diversas implicaciones.

En primer lugar, y esta es la explicación más probable, existe un gran desconocimiento de una parte importante de la población acerca de quién administra los servicios educativos actualmente. Si este fuera el caso, entonces esto significaría que los estados no han hecho una suficiente difusión al respecto, y por consiguiente, muchos ciudadanos pensarán que los logros o fracasos obtenidos en este rubro en sus estados son consecuencia del buen o mal desempeño del gobierno federal y no de las acciones emprendidas por los gobiernos locales.

De hecho, por investigación realizada por Parametría, una de las áreas mejor evaluadas de la administración foxista tiene que ver precisamente con la educación.

Una explicación alternativa a este resultado, es que si poco menos de la mitad de los mexicanos cree que la educación tendría que ser responsabilidad del gobierno federal, esto es porque probablemente muchas personas no han visto una mejoría notable en la calidad de la educación en sus estados durante los últimos años y debido a esto aún se piensa que se está trabajando con el sistema anterior.

Incluso una situación más extrema podría ser que la calidad educativa haya disminuido en algunas entidades y exista cierto interés en regresar al esquema de una educación centralizada.

La calidad de los servicios educativos

El propósito de la descentralización educativa llevada a cabo en 1992, tenía como fin elevar la calidad y cobertura del servicio de educación, según la versión oficial. Aunque hay quienes señalan que la verdadera intención de esta reforma era reducir el poder del sindicato.

Si se toma como cierta la versión oficial, entonces ¿cómo percibe la gente el nivel de los servicios educativos en sus estados versus los ofrecidos en el Distrito Federal?, o en otras palabras, ¿la educación bajo las administraciones estatales es mejor que la brindada en la capital del país, cuyo responsable es el gobierno federal?

Los resultados de la encuesta de Parametría muestran opiniones divididas. El 34% señala que la educación en el resto de los estados es mejor que en la Ciudad de México, esta proporción se hubiera esperado que fuera mayor luego de 12 años de haberse efectuado la reforma, sin embargo, resalta que la diferencia con aquellos que dicen que es peor (28%) no es tan amplia. El 24% comenta que es igual y hay un 14% que no tiene posición al respecto.

Nuevamente la interpretación de esta información puede tener varias implicaciones, las cuáles dependerán en cierta forma de dos factores: 1) en dónde estaban ubicados los estados en materia educativa en relación al Distrito Federal antes de 1992 y, 2) si el tiempo transcurrido a partir de la reforma es suficiente o no para haber alcanzando o superado a la ciudad de México en la calidad de los servicios educativos.

Lo cierto es que partir de estos datos no se puede determinar con precisión el éxito o fracaso de la reforma, quizá una mejor manera de hacer esta evaluación es comparando dentro de cada entidad federativa la situación de la educación ex ante y ex post a este evento.

Equidad educativa

Es indudable que el Distrito Federal recibe un trato diferente en materia educativa en relación a los demás estados del país por estar así establecido en la ley. Y esta diferencia radica fundamentalmente en que al no hacerse cargo el gobierno de la ciudad de sus servicios educativos, la federación tiene que financiar el 100% de este gasto, y por lo tanto el gobierno del Distrito Federal no se ve obligado a destinar parte de sus participaciones a la educación como lo hacen otras entidades.

De ahí que uno de los elementos que midió la encuesta Ómnibus Parametría fue si la capital del país debe o no administrar sus propios servicios educativos como sucede con el resto de los estados. Y ocho de cada diez personas entrevistadas piensan que sí debería hacerlo. El 11% dice que no y un 10% no tiene opinión al respecto.

La consideración de los demás elementos, tales como si el gobierno de la ciudad debe o no contribuir al gasto educativo o si la gente está de acuerdo o no en que se le quiten recursos al Distrito Federal para repartirlos al  resto de los estados, entre otros más, serán explorados en una posterior medición.

Conclusiones

Hasta el momento, el debate sobre la educación se ha centrado más en la equidad de los recursos educativos que en la calidad de los servicios educativos. Esta situación llama la atención porque el primer elemento a evaluar en toda esta discusión debería ser si se han logrado o no los objetivos que se pretendían con la reforma de 1992. Y aunque a partir de la información presentada en la encuesta de Parametría no se puede determinar con precisión el éxito o fracaso de la descentralización educativa, los datos parecen indicar que no se han obtenido los resultados que se esperaban en todos los estados.

Lo que sí se sabe es que a nivel agregado, el país no sale muy bien evaluado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en muchas variables educativas, y no se ve cómo podría darse una mejoría en la educación a través de esta nueva reforma que se busca.

El trato equitativo en materia educativa para todos los estados es algo sano y justo por el que bien vale la pena debatir, pero ojalá nuestros legisladores también puedan agregarle a este asunto de la equidad un toque de calidad, que mucha falta le hace al país.

NOTA METODOLÓGICA.Estudio: Encuestas en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 1000. Nivel de confianza estadística: 95%. Margen de error: (+/-) 3.1%. Diseño y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el IFE. Fecha de levantamiento: Encuesta Ómnibus Parametría_BCP: del 10 al 13 de septiembre de 2004.