La desconfianza de los mexicanos en las cárceles es abrumadora, siete de cada diez asegura que en ellas hay corrupción, control de grupos delincuenciales, violaciones a derechos humanos y 64 % las considera escuelas del crimen, de acuerdo con la reciente encuesta realizada por Parametría.
Según la encuestadora, para la población las prisiones en México no están cumpliendo con rehabilitar y disuadir conductas delictivas en los reclusos: 65 % cree que lejos de ser espacios de corrección, los mismos internos peligran en los centros penitenciarios. Incluso, siete de cada diez menciona que no tienen las condiciones para vivir que no se respetan los derechos humanos.
Y tienen motivos para pensarlo, pues de 2007 a 2014 el número de presos reincidentes en los Centros Federales de Readaptación Social se multiplicó más de 600 %, al pasar de solo mil 484 internos a casi 10 mil 900, de acuerdo con una evaluación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Estas fallas coinciden con las señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su reciente informe sobre la situación de garantías en el país presentado el pasado 2 de marzo.
En lo que va de 2016 se han registrado al menos tres enfrentamientos entre internos de centros penitenciarios del país, el más fuerte de ellos ocurrido en el penal de Topo Chico, Nuevo León, donde la pelea entre presuntos miembros de distintos grupos delictivos dejó un saldo de 49 muertos.
82 % de la población mexicana se enteró de este suceso y repartió responsabilidades en los tres sectores de gobierno, pues 31 % culpó al gobierno federal, 33 % a la administración estatal y sólo 11 % dijo que era un tema municipal, señala Parametría.
También destaca que la mayoría, un 47%, está en desacuerdo con que empresas privadas administren las prisiones del país, contra un 29% al que le agrada la idea de que ya no sea el gobierno quien se encargue de los penales, sino particulares.
Y lo mismo sucede con los hipotéticos resultados, pues 33% cree que el gobierno haría mejor trabajo cuidando las cárceles contra un 31% que confía más en las empresas para este trabajo, mientras que el 25% considera que ninguno pondría mayor orden.
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