PARAMETRIA

Pocas cosas han dañado más la credibilidad en la administración federal que el haber permitido que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y sobre todo de la sección 22 de Oaxaca (en realidad el único estado donde ese grupo tiene el control de los maestros locales), cometieran todo tipo de desmanes en forma impune para oponerse a una de las más sentidas demandas de la sociedad: una Reforma Educativa que permitiera otorgar a los niños y jóvenes una educación libre, pública, laica pero, también, de calidad. Y para terminar con los enormes abusos que ha habido en el sector a lo largo de los años en detrimento de la propia educación.

Lo que lastimó a la gente fue la violencia, la intolerancia, la prepotencia de estos grupos y, por sobre todas las cosas, la impunidad. La Coordinadora había llegado ya, decíamos en julio pasado, al límite de la paciencia social. Según una encuesta de Parametría, de Francisco Abundis, de junio pasado, existía un consenso inédito (casi imposible de encontrar en cualquier otro tema): el 90% opinaba que los maestros sí deben ser evaluados. El 61% de los encuestados decía que este grupo de maestros se oponía a la evaluación por falta de conocimiento, de capacitación, de actualización y un 23% que lo hacían para no perder privilegios. O sea, un 84% consideraba que se oponían a la evaluación simplemente por defender sus intereses personales o por incapacidad. Un porcentaje muy similar, nada menos que el 85%, decía que se debía sancionar a los maestros que no querían ser evaluados. Cuando se preguntaba de qué forma debían ser sancionados, un 32% opinaba que debían tener una ?suspensión definitiva?, un 25% que una sanción económica, el 18% que debía haber una suspensión temporal, el 10% que se debían publicar los nombres de los maestros que no quieren ser evaluados.

Pues bien, a esa indignación social se ha respondido desde la recuperación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la Reforma Educativa cumple con todos los requisitos constitucionales y la llegada de Aurelio Nuño a la SEP, con una serie de acciones que, prácticamente, han desmontado la agenda política (que no educativa) de la Coordinadora y la Sección 22. Se comenzó con el proceso de evaluación y los maestros a los que les corresponde evaluarse en este mes de noviembre que no se hayan registrado para cumplir con ese requisito, perderán la plaza (no la pierden, ninguno de ellos, por los resultados que obtengan en la evaluación, pero sí por no presentarse a la misma).

El miércoles se descontó, por primera vez, el día de salario no laborado a quienes faltaron de manera injustificada el pasado 2 de octubre, respondiendo al paro convocado por la CNTE, y la próxima quincena se les descontará otro día a quienes no fueron a dar clases el 12 de octubre, por otro paro. Esos descuentos suman aproximadamente 82 millones de pesos, una cantidad que podría servir para reparar 81 mil escuelas que tienen daños y carencias en bardas, baños, paredes y pupitres. Por ley, esos recursos tendrán que mantenerse en el rubro salarial, pero, entonces, se destinarán a incrementar premios y reconocimientos a los maestros con los mejores registros. Por cierto, no estaría nada mal que el Congreso permitiera que hubiera un apartado en el presupuesto educativo que canalizara esos recursos directamente a las escuelas.

Ayer, cuatro de los líderes de la Sección 22 que pertenecen a sus grupos de choque, y que participaron en diversos delitos, fueron aprehendidos. Juan Carlos Orozco, por su participación en los delitos de motín, daño en propiedad ajena y contra el consumo y riqueza nacional, cometidos en la toma de las instalaciones de la Junta Distrital electoral en Tehuantepec y de las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí en Salina Cruz. Othón Nazariega Segura, por delitos cometidos en la toma de las instalaciones de El Tule, el robo de libros de texto gratuitos y los daños a instalaciones de la Octava Región Militar en la ciudad de Oaxaca. Efraín Picazo Pérez, por su participación en el robo de miles de libros de texto gratuitos. Un cuarto detenido, Roberto Abel Jiménez García, está acusado de diversos delitos del fuero común. Todos pueden tener penas que van de los tres a los 40 años de prisión. Es la primera vez que maestros de la Sección 22 son detenidos por este tipo de delitos.

Estas acciones, los descuentos de las jornadas no laboradas, la determinación de que la evaluación debe cumplirse, porque es un mandato constitucional y que quien no lo cumpla perderá su plaza, así como las órdenes de aprehensión contra quienes cometieron delitos federales graves no implican, por supuesto, el éxito de la Reforma Educativa, pero, sin duda, sientan las bases para que la misma se pueda implementar rechazando las extorsiones y chantajes políticos. Y ponen un límite a la impunidad.