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8 Delitos Primero, Indice Delictivo CIDAC

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Autor: CIDAC
México enfrenta la crisis de violencia más grave de las últimas décadas. No sólo se cometen más delitos sino que cada vez son más violentos. En los últimos cuatro años, los homicidios relacionados al crimen organizado aumentaron en más de 400% y, a la par, los secuestros y las extorsiones se incrementaron en 100% cada uno. Para las zonas más afectadas, el conflicto se ha traducido en graves daños en el patrimonio de la ciudadanía. Observamos, por ejemplo, un aumento de 2308% en robo de vehículos en Nuevo León.

Al principio del sexenio se creía que se trataba de un efecto del narcotráfico, por ello, la estrategia del Gobierno Federal privilegió la detención de narcotraficantes por encima de una táctica integral de reingeniería institucional. Ese diagnóstico, más la debilidad de las corporaciones policíacas en el país, llevó a considerar que las fuerzas militares eran las más apropiadas para combatir al crimen organizado. Sin embargo, pronto fue posible observar que el conflicto no se resolvería únicamente con el despliegue de militares pues el problema era más profundo: un aparato de justicia ?ministerios públicos, policías y jueces- sin las capacidades necesarias para hacer frente a la crisis.

En México hoy, por mandato de ley, todos los delitos que se denuncian, desde los más insignificantes hasta los más graves, deben ser procesados por el Ministerio Público de la misma manera. Al no contar con una estrategia de priorización de casos, los mismos recursos se utilizan para resolver un robo de celular que un secuestro. En vez de inteligencia criminal, lo que se observa es un trámite burocrático que no logra articular la evidencia suficiente para probar la culpabilidad de un delincuente frente a un juez. Esto, sin mencionar la posibilidad de que una o todas las autoridades involucradas se coludan o, simplemente, resulten incompetentes.

El resultado ha sido un sistema de justicia saturado que, ante un mayor número de delitos cometidos, su capacidad para resolverlos disminuye. Así, de cada cien delitos que se cometen en el país, sólo uno recibe castigo. La impunidad es un problema, pero aún más graves son las señales que manda a la sociedad. Por un lado, eleva la percepción de inseguridad en la ciudadanía, no sólo por la probabilidad de ser víctima sino por la incapacidad del Estado de protegerla. Por el otro, la posibilidad de delinquir sin ser castigado hace del crimen una actividad muy redituable y, por tanto, epidémica.

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