Por: Animal Político
De acuerdo con los resultados de la encuesta, seis de cada 10 mexicanos, 65%, desconoce a la SFP, mientras que sólo tres de cada 10 personas sabe que esa Secretaría se encarga de vigilar que los funcionarios del gobierno no cometan actos de corrupción, sancionar a quienes lo hacen, promover el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, y determinar la política de compras públicas de la Federación, entre otras actividades.
Otro dato que confirma el desconocimiento que la población mexicana tiene sobre la SFP es que 30% de los mexicanos afirma que en el país no hay una institución encargada de combatir la corrupción, mientras que 26% desconoce si existe o no una instancia que se encargue de combatir estas malas prácticas, indica el ejercicio de Parametría.
En ese contexto, la mayoría de la población desconoce quién es el titular de la Secretaría de la Función Pública, a pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto nombró al exconsejero electoral Virgilio Andrade Martínez como el nuevo encargado de la SFP.
Tras conocer el nombramiento y saber que el presidente Peña Nieto lo hizo, 55% de los mexicanos considera que los ciudadanos deberían ser los encargados de nombrar al titular de la SFP, mientras que 17% indicó que esa responsabilidad le debería corresponder a los legisladores sólo 19% dijo que el titular del Poder Ejecutivo debe ser el encargado de nombrar al secretario.
Andrade Martínez fue nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto como secretario de la Función Pública, para investigar, junto un panel de expertos independientes, y resolver si hubo o no conflicto de interés en la venta de sus propiedades.
Andrade se desempeñaba como titular de la de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), dependiente de la Secretaría de Economía. De 2003 a 2010 fue consejero electoral del desaparecido Instituto Federal Electoral (ahora INE).
El nombramiento de Andrade Martínez ocurrió casi tres meses después de que se dio a conocer el escándalo de la denominada Casa Blanca, la propiedad que Angélica Rivera compró a una contratista de Grupo Higa.
Durante el nombramiento del nuevo titular de la SFP, el presidente Peña Nieto presentó una serie de acciones ejecutivas para combatir la corrupción, entre las que destacan:
A partir de mayo, cuando los servidores públicos entregan su declaración patrimonial, será obligatorio que presenten una declaración de posibles conflictos de interés. De acuerdo con Peña Nieto, esto retoma las ?mejores prácticas internacionales?.
En la SFP se creará una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés; además será responsable de determinar cuando estos ocurran y, en esos casos, aplicar las medidas correspondientes.
Todas las dependencias y entidades de la administración pública tendrán hasta abril para identificar a funcionarios que puedan tener conflictos de interés.
Se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado, en materia de transparencia y combate a la corrupción.
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